"(...) A la clase dominante el robo del erario público, evadir impuestos, la
comisión de delitos financieros o enviar sus botines a paraísos fiscales
no le repugna tanto como el robo de carteras en el metro por un
raterillo.
Cuando esa moral se hace mayoritaria en el pueblo, se explica
que haya trato de favor a muchos de los corruptos imputados o que
delincuentes fiscales y financieros como Trump o Rodrigo Rato hayan
llegado a la cima del poder. Tanto por parte de los gobiernos, de la
fiscalía como de la judicatura, o de algunos medios de comunicación y de
los voceros de los partidos que juegan el papel de abogados de los
delincuentes se considera que el ladrón de guante blanco es un gentleman
que cometió un error: le pillaron.
Eso es también lo que explica que el
FMI, el santa sanctorum capitalista, haya tenido al frente en los
últimos años como directores a insignes sinvergüenzas: además del citado
patriota Rodrigo Rato le han sucedido Dominique Strauss-Khan y
Christine Lagarde. Son de los suyos. Son muestras de la doble moral
burguesa.
(...) en una sociedad regida por el afán de lucro y la riqueza, en la que
el discurso político se reduce al presupuestario, en la que la gestión,
incluida la pública, tiene como criterio fundamental el coste/beneficio,
la atracción que ejerce el dinero es determinante.
El poder social del
dinero, la ocupación de las mentes por el dinero es enorme y, por tanto,
con esa metástasis de la mercancía dinero viaja su huésped la
corrupción. Dinero y corrupción se constituyen en una fuerza clave en el
entramado de la sociedad burguesa.
Como telón de fondo ideológico
de la doble moral burguesa, está la ideología económica liberal que
parte de dos premisas, ambas indemostradas. Por un lado, la superioridad
de la gestión privada frente a la pública, o sea del mercado respecto
al plan para asignar recursos, y, por otro, la existencia de una
separación drástica entre la esfera pública y la privada, que coexisten,
pero no se “contaminan”.
Por eso los gobernantes y sus corifeos no ven
problema alguno en las “puertas giratorias”, que los señores diputados
procedan de ciertas empresas, formen parte de ciertos despachos de
abogados o ingenierías, o que acaben formando parte de consejos de
administración en “sectores-premio”; ni atisban corrupción en la
aprobación de las innecesarias y ruinosas autopistas de peaje radiales
en Madrid que se han realizado para más INRI con aval financiero
público.
Tampoco ven problema a declarar de “interés nacional” el grueso
de las obras públicas sean infraestructuras viarias del AVE o
autopistas o las derivadas de la política hidráulica, cuando realmente
esas decisiones quien realmente las tomó fueron las empresas que se
dedican a la obra pública. Para conseguirlo las grandes compañías
cuentan con importantes bazas: amigos en partidos, presiones y el
lubricante monetario.
Mandel (1994) desarrolla la idea que es el
poder económico y su concentración en pocas manos el factor decisivo en
la corrupción porque “el poder corrompe. Mucho poder engendra mucha
corrupción. Pero en la época del capitalismo, no puede haber poder
[político] absoluto, pues en última instancia la riqueza y el dinero
dominan.
La gran riqueza corrompe tanto como el poder, si no es que más”
5/. Idea que también esbozó años antes Gramsci, al afirmar en las Notas sobre Maquiavelo que la acumulación de poder económico genera corrupción 6/.
Ambos autores corroboran algo evidente: en el capitalismo, las sacas de
billetes, acciones y obligaciones otorgan un gran poder a quien las
poseen y corrompen lo que tocan en su entorno social.
Situar la posición respecto al dilema que encabeza el apartado es
básico. El riesgo que comporta la corrupción sistémica no es que acabe
con las instituciones. De hecho, algunas de ellas están precisamente
diseñadas para poder saquear las arcas, bienes y servicios públicos.
Puede perpetuarse la corrupción y seguir funcionando la
institucionalidad.
Lo incompatible con la corrupción es el interés
de la mayoría social y el ejercicio real de la democracia en
condiciones de igualdad y libertad porque la corrupción mina las bases
mismas de la sociedad e impide que se fundamente en la persecución del
bien común. Lo incompatible con la corrupción por tanto es el interés
público.
Por ello es errónea la idea que subyace en la afirmación
del filósofo Gustavo Bueno (2010) cuando afirma que “la democracia no
muere por la corrupción, solamente hiede” 7/.
Las que pueden sobrevivir a la corrupción son las instituciones del
Estado, bajo forma y apariencia más, menos o nada democrática, pero la
democracia, entendida como el gobierno del pueblo por el pueblo sufre un
importante deterioro y quebranto con la corrupción porque ésta va
contra el interés público y merma el espacio material de lo público. El
catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Nieto afirma que “La
corrupción no ataca al Estado en general… pero sí al democrático” 8/.
Dados
los debates en curso, conviene recalcar que institucionalidad y
democracia no son sinónimos; como tampoco lo son democracia y
capitalismo. Y también que el Estado no es un artefacto neutral en el
conflicto entre las clases con capacidad para acabar con la corrupción.
Depende del momento, el Estado, puede jugar diferentes papeles
dependiendo de los intereses generales de la burguesía con el objetivo
de perpetuar su dominación. Por ello en las sociedades burguesas con
libertades políticas el “sensor” primordial del Estado para actuar
frente a los casos de corrupción es el del grado legitimidad social del
poder en esa situación.
El conocimiento público de la
proliferación de casos de corrupción con grados muy altos de latrocinio
puede producir tal alarma social que ponga en riesgo la legitimidad de
los gobiernos e incluso del sistema que amparan.
En el caso de que haya
un descenso de esa legitimidad, Adam Smith, fundador del pensamiento
económico capitalista en los albores del mismo, para defender lo
esencial del sistema (el negocio), advertía que “El comercio y las
manufacturas, en pocas palabras, no pueden florecer fácilmente en un
Estado en el que no haya un cierto grado de confianza en la justicia del
gobierno” 9/. (...)
Llegado un punto crítico de ebullición y para enfriar la caldera
social una de las opciones en manos de la burguesía es sacrificar peones
para defender los intereses del conjunto del sistema e incluso realizar
reformas para regenerar el sistema si afectar a su naturaleza. Incluso
en situaciones extremadamente graves como la que vive Brasil en estos
momentos, sectores de la burguesía representada por el ex presidente
Cardoso o la cadena Globo estén pidiendo la dimisión del todavía
presidente Michel Temer.
Por ello Mandel (1994), advierte que “el
remplazo de las camarillas más corruptas por otras fuerzas políticas no
significa que se altere la dinámica fundamental si sigue imperando el
criterio del enriquecimiento” 12/. Cosa que se pudo constatar en los años posteriores a ese escrito con los gobiernos italianos de Silvio Berlusconi.
Por
ello nuestra apuesta en el para instituciones / democracia antes
planteado, debe superar los marcos formales y situar sus respuestas en
torno a los elementos que sustancian la democracia, la justicia y la
igualdad que son los que efectiva y materialmente son incompatibles con
la corrupción.
Tres consideraciones sobre los instrumentos
Para conjurar el mal del latrocinio de arcas y bienes públicos y sus consecuencias, y también el peligro de aparición de cavalieri populistas, debemos ser conscientes de tres cuestiones:
El laissez faire liberal es un suicidio social
Dejar
“pasar” la corrupción genera indignación, pero también impotencia
cuando no cinismo social que puede ser caldo de cultivo de la
derechización de sectores de masas que buscan en líderes demagogos
parafascistas las soluciones mágicas. Hay que hacerle frente desde el
primer momento con todos los medios y decisión.
Papel y límites de la ética
Desde
la ética y el cambio de valores y parámetros culturales se puede
denunciar e impugnar la corrupción, pero no erradicarla o al menos
minimizarla dada su textura y las causas que la originan. El cambio de
las mentes y los valores es condición sine qua non para luchar contra la
corrupción, pero ni la corrupción es un asunto de meras desviaciones
morales individuales, ni se erradica a (simple) golpe de una nueva
ideología regeneracionista; es preciso modificar las condiciones
materiales y el marco institucional concreto que en cada caso le sirven
de base.
Papel y límites de las medidas jurídico institucionales
Las
medidas jurídicas y administrativas para su detección, control y
castigo son necesarias e imprescindibles, pero no suficientes,
precisamente porque la corrupción sistémica tiene relación directa con
el modelo productivo vigente y con el mismo modo de producción. Sin la
acción política no se puede erradicar o minimizar la corrupción, pero la
esfera de la política es una parte, un ingrediente, que sin el concurso
de los cambios materiales tiene muy limitada su capacidad de cambio.
Hannah
Arendt, en sus interesantes consideraciones sobre la naturaleza
corruptora de la mafia italiana, afirma que para acabar con la
injusticia social que genera esta gangrena es necesaria la política como
materialización de la libertad de elección, cosa que es cierto, pero, a
la vez, critica innecesaria e incomprensiblemente a Marx porque, según
la autora, éste subordina la política a la producción -afirmación que
jamás hizo el alemán- 13/.
Para
luchar contra fenómenos como la corrupción que atraviesan la esfera
cultural, moral, institucional y material, se necesita la acción
política desde ya, inmediatamente, sean cuales sean las condiciones y
las correlaciones de fuerza, pero a medio y largo plazo o se modifican
las relaciones de producción o no se logrará combatir efectivamente la
lacra social ni habrá democracia real.
hitos de una hoja de ruta anticorrupción
Si
acertamos en las tareas en las instituciones y en la organización,
movilización y expresión política de la indignación popular, es posible
que conozcamos la crisis de la Tangentópolis “a la española” pero sin el
desgraciado resultado de la aparición de los Berlusconi.
Vamos a estar
atentos a los posibles efectos que a medio plazo tengan las muy
oportunas mociones de censura en la Asamblea de Madrid y en el
Parlamento español presentadas por Podemos. Mociones que tienen como
primer objetivo exigir públicamente responsabilidades políticas para dar
paso, si es posible, en el futuro, a cambios de gobierno y
responsabilidades penales. Y ¿por qué no?, empujar en el sentido de la
ruptura democrática que posibilite la apertura de procesos
constituyentes.
Si logramos hacer patente ante la mayoría de la sociedad que la
corrupción anida en el régimen y se alimenta del sistema habremos dado
un paso positivo en la senda de ahondar las grietas del régimen político
y de aumentar la desconfianza y rechazo de las masas respecto al
capitalismo.
En este caso como en tantos de la vida social y
económica la clave sigue siendo tanto en la sociedad actual como en una
sociedad pos capitalista lo que el marxista alemán Stefan Heym
perseguido por el nazismo y represaliado por el estalinismo denominaba
“control social desde abajo.”
Esta es la base de una democracia real,
basada en la iniciativa y participación popular, en el control de las
decisiones de los representantes y en la permanente deliberación del
conjunto de la sociedad sobre los asuntos que les atañe creando
mecanismos para poder decidir en última instancia de forma colectiva y
soberana.
En el plano de la actividad política
La
batalla exige ejemplaridad y contención en el ingreso de los cargos
públicos como han ejercitado Podemos, las confluencias y las
candidaturas municipalistas del cambio. Y tal como se plantea en sendos
trabajos de Pastor en viento sur, entender la actividad
política como compromiso voluntario con la transformación social y no
como un oficio o profesión en la que escalar, terminar con la
profesionalización mediante la limitación de mandatos, la aplicación de
incompatibilidad con otras actividades remuneradas y rendir cuentas al
electorado, asegurar la regulación de mecanismos como las primarias y la
rotación y revocación de cargos 14/
y asimismoacabar con “la presión derivada del incremento de las
necesidades de financiación de los partidos políticos y de las campañas
electorales estimulada cada vez más por el nuevo estilo de hacer
política ´a la americana´” 15/ cosa
que solo se puede hacer limitando el gasto de las actividades en
campañas y fuera de campañas, y la total transparencia en las cuentas de
los partidos e instituciones en tiempo real.
Se trata de
convertir instituciones, partidos, sindicatos y cualquier asociación que
se nutra de fondos públicos en auténticas casas de cristal, dónde prime
el derecho de la información ciudadana sobre cualquiera otro,
información ergonómica para las personas o sea accesible y ordenada. Lo
que exige una nueva legislación que regule el estatuto de los cargos
electos, el funcionamiento y la financiación de los partidos políticos y
el sistema electoral.
Sigue el dinero y encontrarás el corrupto
La batalla exige una legislación que condene al ostracismo total a
los paraísos fiscales y a las empresas e individuos que esconden sus
patrimonios en los mismos. Asimismo, es preciso modificar la legislación
de contratación pública para erradicar absolutamente cualquier grado de
discrecionalidad y legislar ex novo sobre los bienes estratégicos como
el suelo, el agua, la energía y el dinero para impedir la especulación
que suele llevar aparejada la corrupción.
Los cambios en la
administración pública implicarán minimizar los cargos de libre
designación en beneficio del desempeño de los profesionales de la
función pública que deberán estar sometidos al escrutinio ciudadano
permanente mediante modos claramente establecidos. La batalla exige que
se pongan en pie los mecanismos de alerta y control, los protocolos de
actuación, los procedimientos de seguimiento y denuncia en manos de una
ciudadanía moralmente rearmada.
Más democracia asegura menos corrupción
Más
allá, si establecemos el horizonte civilizatorio al que queremos
encaminarnos, si pensamos en términos de proyecto de sociedad, podemos
concluir que se pueden eliminar las consecuencias negativas del poder
absoluto o casi absoluto que tienen los gobernantes y las élites
económicas sobre su ciudadanía si, y solo si, se combate y elimina a la
vez el Estado fuerte y la gran riqueza del dinero. A eso se le llama
transición post capitalista en ruta hacia la sociedad de iguales y
libres, pero exige luchar contra el capital y sus desmanes, y la ruptura
con el sistema político que lo ampara para poner en pie una nueva
arquitectura económica y política, social y cultural.
Ello va más allá
de la “estatalización” de la economía, se trata de socializar las
fuentes de riqueza y la gestión de los bienes comunes, de impulsar la
autogestión y, por supuesto, el propio poder para evitar que una nueva
oligarquía acabe adoptando las decisiones fundamentales en los temas que
afectan a la dignidad de las personas y el equilibrio de la biosfera." (Manuel Garí, economista y miembro del Consejo editorial de viento sur)
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